Juan José Rodríguez, presidente de la comunidad Río Adaja, denuncia que Aguas del Duero, en contra de lo firmado en su día, pretende que los agricultores financien 50% de las obras

J.L.Robledo

Aunque la Junta de Castilla y León ya ha confirmado que el próximo año comenzará el regadío de Las Cogotas en los sectores I y IV, es decir, en Arévalo, Nava de Arévalo y sus anejos, la comunidad de regantes Río Adaja, organismo que agrupa a los agricultores que se beneficiarán de una de las mayores inversiones realizadas en la Moraña, duda que todo esté listo para que la próxima campaña de riego se pueda utilizar el agua del Adaja. Su presidente, Juan José Rodríguez, además de criticar la rotura de varias de las tuberías de los canales secundarios antes de su entrada en funcionamiento, ha denunciado la postura de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) a la hora de fijar las tarifas que tendrán que pagar los agricultores, acusándola de «chantajista».
«No entendemos como Aguas del Duero (sociedad pública dependiente de la CHD) quiere que los agricultores asumamos el 50% del coste de las obras que financió el ministerio, cuando el acuerdo que se firmó en su día contemplaba que nosotros sólo deberíamos costear el 25%». Rodríguez explicó que la mitad de las obras del azud de derivación, de los canales principales y de las balsas de regulación se financiaron con fondos europeos, «por lo que ahora la CHD pretende que este proyecto no le cueste un duro. Nos están presionando y quieren chantajearnos, dado que sin este acuerdo, como es lógico, Aguas del Duero no nos autorizará la concesión de agua. Según el acuerdo firmado en su día, cada agricultor debería pagar unos 138 euros anuales por hectárea durante 23 años, y ahora nos quieren hacer pagar esa cantidad pero durante 50 años».
Al mismo tiempo, meses antes de la llegada del agua, la financiación de las inversiones en maquinaria de riego que tendrán que hacer los agricultores es otro tema que preocupa a la comunidad de regantes. En este sentido, el presidente explicó que el ICO tiene una línea de ayudas para el amueblamiento de parcelas de regadío «con intereses y plazos de amortización muy interesantes», pero denunció que «para acceder a esta línea de financiación necesitamos un certificado del Ministerio de Medio Ambiente, algo que por ahora se nos ha denegado».